Los tribunales han amparado a algunas personas que se vieron privadas de la renta básica en Nafarroa por la reforma de 2012. La Plataforma creada al efecto ve ahí una vía abierta para tratar de rescatar las 3.000 percepciones perdidas.
La reforma aprobada por el Parlamento navarro en 2012, con el impulso del Gobierno de coalición que entonces formaban UPN y PSN, provocó una estricta restricción de los criterios de acceso a la renta básica en el herrialde. Sus efectos han sido devastadores para cerca de 3.000 familias, que se han visto privadas de la percepción que antes recibía.
En la actualidad, en el Parlamento se tramitan dos iniciativas diferentes para tratar de corregir la situación: una del PSN, que tras su pase a la oposición plantea algunos retoques en la polémica norma, y otra de Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, que sí trata de reformar la situación de raíz. Pero además, paralelamente, la Plataforma en Defensa del Derecho de la Renta Básica ha activado una ofensiva judicial para tratar de recuperar las 3.000 percepciones que han sido derogadas en la práctica por el Gobierno Barcina.
Ayer indicó en rueda de prensa que ha preparado una instancia para que todas aquellas familias que solicitaron la renta básica o su renovación antes de la nueva ley y se les denegó o se les concedió con recortes de hasta el 90%, puedan reclamar el período de renta que les correspondía.
Tras la aprobación de la Ley de Renta de Inclusión Social en febrero de 2012, en sustitución de la hasta entonces denominada Renta Básica, el número de perceptores se redujo en alrededor de 3.000 personas. Quedaron excluidas, entre otras, aquellas que la habían cobrado durante 24 meses -con ciertas excepciones- y las que llevan menos de dos años empadronadas en Nafarroa.
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