Según los datos oficiales publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial, entre enero y septiembre de 2012 se han producido 49.702 lanzamientos notificados por servicios comunes y 76.724 126.426 lanzamientos acordados por juzgados de 1ª instancia. Son los datos hasta el tercer trimestre de 2012, por lo que aún falta por conocer el 4º trimestre para conocer los datos del que sin embargo ya sabemos que ha sido el peor año en materia desahucios en España.
Lamentamos profundamente que a 4 años ya de iniciada la crisis, los datos oficiales sobre desahucios sigan siendo pésimos, insuficientes e inexactos. Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática y la alarma social generada, lo mínimo que debería garantizar un estado de derecho son unos datos fiables. Sin embargo a día de hoy lo único que la estadística del poder judicial puede informar es que:
1) a nivel cuantitativo, los 76.724 lanzamientos acordados por los juzgados de primera instancia entre enero y septiembre de 2012 es la cifra más aproximada aunque inexacta que pueden ofrecer,
2) la cifra de los servicios comunes es la única que tiene un histórico que permite hacer comparativas, porque no disponen de los datos de juzgados de primera instancia de años anteriores.
Con estos datos, y extrapolando el sesgo de los datos cuantitativos de 2012, la PAH calcula que por cada lanzamiento contabilizado por servicios comunes se ha producido 1,54 lanzamientos reales (juzgados de primera instancia). Así, tenemos que desde 2008, hasta el 3er T de 2012, la PAH estima que en España se han producido al menos 334.080 lanzamientos.
Siguiendo con la tendencia de estadísticas anteriores, y siempre según los datos de primera instancia, Catalunya, con 19.405 lanzamientos, y Madrid (11.006) son las comunidades autónomas más afectadas durante 2012, seguidas por Andalucía (10.438) y la Comunitat Valenciana, con 10.013.
En materia de ejecuciones hipotecarias, y tal y como ya predijo la PAH, en 2012 se aprecia un repunte de los procedimientos: 67.537 entre enero y septiembre. En el mismo periodo del año anterior se habían producido 57.103. Ello es debido a la profundización de la crisis y el aumento del paro, pero también es fruto de las refinanciaciones suicidas realizadas por los bancos en años anteriores para maquillar su morosidad. Lo hemos repetido una y otra vez: refinanciar, como recomiendan muchos bancos y el mismo gobierno, no sólo no resuelve el problema porque lo pospone, sino que lo agrava al aumentar la deuda final. Cuando finalmente llega la ejecución la deuda restante para la familia afectada es igual o superior a la hipoteca inicial en la mayoría de los casos, a pesar de haber pagado decenas de miles de euros durante años. Las refinanciaciones son otra cara más de la usura y el robo generalizado que las entidades financieras, ayudadas por el Gobierno, están perpetrando contra la población.
En cualquier caso, reiteramos nuestra denuncia sobre los pésimos y escasos datos ofrecidos por el estado español en lo que constituye una de las principales problemáticas del país. Recordamos que desde 2012 los datos sobre lanzamientos del poder judicial han incorporado una doble fuente de datos (servicios comunes y primera instancia) que no ha sido facilitada en los años anteriores, por lo que desconocemos las cifras totales reales de desahucios durante la crisis. Sólo sabemos que la cifra real es muy superior a la proporcionada hasta 2012 por el poder judicial (servicios comunes). Y eso sin contar los miles de desalojos que se producen sin orden judicial, fruto de una dación en pago o del miedo y la vergüenza que llevan a muchas familias a abandonar el inmueble antes de que les obliguen judicialmente a ello.
Por otro lado, a pesar de que a los juzgados llega toda la información detallada de cada procedimiento, al estado no le ha interesado ofrecer una información más precisa que nos informe sobre los detalles de las ejecuciones y los desahucios: cuántos lanzamientos son por alquiler y cuantos por hipoteca; cuantos de 1ª o 2ª residencia; cuales son las entidades que más ejecutan y desahucian; en cuantos lanzamientos había menores afectados… y así una larga lista de los silencios intencionados que el Gobierno mantiene sobre lo que ya nadie duda en considerar un auténtico genocidio financiero. Lo que aún es más lamentable es que el Gobierno utilice la mala calidad de los datos para intentar minimizar el problema, como hizo en declaraciones recientes, insinuando que el problema es mucho menor de lo que dicen las estadísticas. Las ejecuciones y los desahucios afectan a cientos de miles de personas en España y la anómala y perversa legislación española está provocando un dolor irreparable, incluso suicidios, de los que hacemos directamente responsables al Gobierno.
Finalmente, exigimos que se decrete una moratoria inmediata de desahucios de todas las viviendas habituales, y no sólo de unos pocos casos como recientemente ha aprobado el real decreto del Gobierno a instancias de las entidades financieras. Perder la propia vivienda sin que exista una posibilidad de realojo es de por sí una situación de extrema vulnerabilidad, no es necesario inventar criterios restrictivos y arbitrarios como los establecidos por el Gobierno. En efecto, el conjunto de la comunidad internacional considera los desalojos forzosos como la peor vulneración del derecho a la vivienda, un ejercicio de violencia institucional que debería ser el último de los recursos, y especialmente en España, siendo uno de los países del mundo que más vivienda vacía acumula.
Lamentamos profundamente que a 4 años ya de iniciada la crisis, los datos oficiales sobre desahucios sigan siendo pésimos, insuficientes e inexactos. Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática y la alarma social generada, lo mínimo que debería garantizar un estado de derecho son unos datos fiables. Sin embargo a día de hoy lo único que la estadística del poder judicial puede informar es que:
1) a nivel cuantitativo, los 76.724 lanzamientos acordados por los juzgados de primera instancia entre enero y septiembre de 2012 es la cifra más aproximada aunque inexacta que pueden ofrecer,
2) la cifra de los servicios comunes es la única que tiene un histórico que permite hacer comparativas, porque no disponen de los datos de juzgados de primera instancia de años anteriores.
Con estos datos, y extrapolando el sesgo de los datos cuantitativos de 2012, la PAH calcula que por cada lanzamiento contabilizado por servicios comunes se ha producido 1,54 lanzamientos reales (juzgados de primera instancia). Así, tenemos que desde 2008, hasta el 3er T de 2012, la PAH estima que en España se han producido al menos 334.080 lanzamientos.
Siguiendo con la tendencia de estadísticas anteriores, y siempre según los datos de primera instancia, Catalunya, con 19.405 lanzamientos, y Madrid (11.006) son las comunidades autónomas más afectadas durante 2012, seguidas por Andalucía (10.438) y la Comunitat Valenciana, con 10.013.
En materia de ejecuciones hipotecarias, y tal y como ya predijo la PAH, en 2012 se aprecia un repunte de los procedimientos: 67.537 entre enero y septiembre. En el mismo periodo del año anterior se habían producido 57.103. Ello es debido a la profundización de la crisis y el aumento del paro, pero también es fruto de las refinanciaciones suicidas realizadas por los bancos en años anteriores para maquillar su morosidad. Lo hemos repetido una y otra vez: refinanciar, como recomiendan muchos bancos y el mismo gobierno, no sólo no resuelve el problema porque lo pospone, sino que lo agrava al aumentar la deuda final. Cuando finalmente llega la ejecución la deuda restante para la familia afectada es igual o superior a la hipoteca inicial en la mayoría de los casos, a pesar de haber pagado decenas de miles de euros durante años. Las refinanciaciones son otra cara más de la usura y el robo generalizado que las entidades financieras, ayudadas por el Gobierno, están perpetrando contra la población.
En cualquier caso, reiteramos nuestra denuncia sobre los pésimos y escasos datos ofrecidos por el estado español en lo que constituye una de las principales problemáticas del país. Recordamos que desde 2012 los datos sobre lanzamientos del poder judicial han incorporado una doble fuente de datos (servicios comunes y primera instancia) que no ha sido facilitada en los años anteriores, por lo que desconocemos las cifras totales reales de desahucios durante la crisis. Sólo sabemos que la cifra real es muy superior a la proporcionada hasta 2012 por el poder judicial (servicios comunes). Y eso sin contar los miles de desalojos que se producen sin orden judicial, fruto de una dación en pago o del miedo y la vergüenza que llevan a muchas familias a abandonar el inmueble antes de que les obliguen judicialmente a ello.
Por otro lado, a pesar de que a los juzgados llega toda la información detallada de cada procedimiento, al estado no le ha interesado ofrecer una información más precisa que nos informe sobre los detalles de las ejecuciones y los desahucios: cuántos lanzamientos son por alquiler y cuantos por hipoteca; cuantos de 1ª o 2ª residencia; cuales son las entidades que más ejecutan y desahucian; en cuantos lanzamientos había menores afectados… y así una larga lista de los silencios intencionados que el Gobierno mantiene sobre lo que ya nadie duda en considerar un auténtico genocidio financiero. Lo que aún es más lamentable es que el Gobierno utilice la mala calidad de los datos para intentar minimizar el problema, como hizo en declaraciones recientes, insinuando que el problema es mucho menor de lo que dicen las estadísticas. Las ejecuciones y los desahucios afectan a cientos de miles de personas en España y la anómala y perversa legislación española está provocando un dolor irreparable, incluso suicidios, de los que hacemos directamente responsables al Gobierno.
Finalmente, exigimos que se decrete una moratoria inmediata de desahucios de todas las viviendas habituales, y no sólo de unos pocos casos como recientemente ha aprobado el real decreto del Gobierno a instancias de las entidades financieras. Perder la propia vivienda sin que exista una posibilidad de realojo es de por sí una situación de extrema vulnerabilidad, no es necesario inventar criterios restrictivos y arbitrarios como los establecidos por el Gobierno. En efecto, el conjunto de la comunidad internacional considera los desalojos forzosos como la peor vulneración del derecho a la vivienda, un ejercicio de violencia institucional que debería ser el último de los recursos, y especialmente en España, siendo uno de los países del mundo que más vivienda vacía acumula.
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